Muchos de nuestros lectores se preguntarán si esto es posible, y la respuesta es SÍ. ¿Por qué? -porque existen ciertos vacíos legales en materia de Extranjería en España.
Son innumerables los casos de ciudadanos extranjeros, que en régimen general optaron por solicitar un permiso de residencia y trabajo, sea o no por arraigo social, a la hora de renovar la documentación no pudieron aportar una estabilidad laboral o económica y dicha renovación fue denegada, permaneciendo el ciudadano en territorio español en situación irregular, desamparados y al borde de la miseria, por no poder desempeñar un trabajo que diera sustento a sus familias. Hemos de señalar que todos ellos están en posesión de un NIE y número de afiliación a la seguridad social, por lo que algunos optaron por buscar trabajo, suscribieron un contrato y éste se dio de alta en la Seguridad Social, pese a las irregularidades.
Parece inverosímil que en la era de la información y digitalización de las Administraciones Públicas, aún haya organismos, entidades o autoridades que no cruzan la información entre sí. Y a raíz de ello, muchos de los profesionales que actuamos en materia de extranjería, nos encontramos día tras día con situaciones como la mencionada o más graves.
En la actualidad, tanto ciudadanos extranjeros como profesionales, estamos a la espera de que el legislador español se pronuncie acerca de una regularización masiva de expedientes, tal y como hicieron algunos de los países vecinos debido a la crisis sanitaria. Sí hubo pequeños avances en España, también una ligera flexibilización de medidas e incluso mejora en la presentación de expedientes de forma telemática, pero señores, NO es suficiente. La tan anhelada regularización DEBE acontecer, y más bien pronto…
Incluso este proceso tendría un impacto positivo en la economía española, según un reciente estudio publicado por FEDEA y, donde se estima que tan sólo la Seguridad Social aumentaría sus ingresos entre 3.300 y 3.500 euros anuales por inmigrante regularizado, pese a los costes asociados en materia de sanidad o educación de los hijos de los inmigrantes.
Pero parece ser que la solución que nos quieren vender es otra: cobrar multas tanto a los extranjeros irregulares como a los empresarios que decidan contratarlos sin la pertinente autorización de residencia y trabajo, que van desde los 10.001 euros hasta los 100.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción en materia laboral, hasta incluso clausurar el negocio de 6 meses a 5 años… hundiéndolo.
Quizás no me he expresado bien, aquí no hace falta una política restrictiva en el ámbito de inmigración y en el ámbito laboral, sino COHERENCIA y, por supuesto, respeto a los derechos humanos de los miles de inmigrantes que acuden a España en busca de un futuro mejor.
Yordanka Dimitrova- técnico especialista en Extranjería y Nacionalidades de DANIGMAS Abogados y Consultores
Lamentablemente ésta es la realidad de muchos ciudadanos extranjeros extracomunitarios en España a día de hoy. A nuestro despacho llegan múltiples consultas referentes a esta u otras situaciones más graves.
Si has recibido una resolución desfavorable, una orden de expulsión o bien deseas informarte sobre los trámites que debes llevar a cabo para lograr tu permiso de residencia y trabajo, contacta con nosotros haciendo click aquí.
